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El plácet de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC) a la opa que prepara BBVA sobre Sabadell se ha convertido ... en un nuevo achaque para el Gobierno, que tiene ahora la pelota en su tejado y deberá decidir a lo largo de los próximos 45 días si autoriza o no la operación. Con los socialistas mostrando estos meses su disgusto con la operación, la otra ala de la coalición gubernamental, Sumar, alzó ya este jueves la voz a fin de presionar a Pedro Sánchez para que la paralice cuando llegue al Consejo de Ministros. «Es una mala noticia», calificó sin paños calientes este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el aval de la CNMC a la opa, la cual, pronosticó, «va a tener efectos nocivos» para el país, supondrá despidos en la integración –los cifró en torno a 5.000 trabajadores– y encarecerá el acceso al crédito para los ciudadanos.
En una semana marcada por la petición de los partidos que integran el grupo parlamentario de Sumar para nacionalizar la red eléctrica tras el apagón que el lunes sufrió la Península Ibérica, la número tres del Gobierno, siguiendo la misma línea argumental, advirtió en TVE que la operación de BBVA sobre Sabadell «refuerza todavía más el oligopolio financiero» que, a su juicio, existe en España» y «agudiza» el riesgo sistémico del que alerta la Comisión Europea. «Los procesos de concentración bancaria son negativos para los usuarios y generan pérdidas de puestos de trabajo y de calidad en el servicio», remató desde Barcelona el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
La rotundidad de los magenta contrastó con el tono contenido por el que optó el miércoles por la noche, tras conocerse la autorización de la CNMC a la opa, el Ministerio de Economía. Es al departamento de Carlos Cuerpo al que corresponde elevar la cuestión al Consejo de Ministros. Con la posición crítica conocida y la patata caliente ya en sus manos, los socialistas optan por resguardarse en la apelación a la prudencia y a recibir toda la información por parte de los actores implicados en la opa antes de pronunciarse. «Una vez recibamos el informe de la CNMC lo analizaremos con rigor y detalle», se limitaron a constatar en el equipo de Cuerpo.
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Los correligionarios de éste en el Gobierno abundaron este jueves en esa misma postura y evitaron pronunciarse sobre una operación que sobrepasa el ámbito estrictamente económico, con un indudable impacto político en estrategia de apaciguamiento desplegada por el presidente Sánchez hacia Cataluña tras el trauma del 'procés'. El PSC también se abona a la cautela después de que vender como un logro del Govern de Salvador Illa el regreso en enero a Barcelona de Sabadell desde Valencia, donde trasladó su sede social en 2017 a raíz de la intentona independentista. «Ahora toca que el Gobierno estudie qué condiciones son las que la CNMC ha puesto sobre la mesa», se alineó con el ministerio de Cuerpo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que pidió tiempo para analizar «con rigor» el movimiento bancario. El Ejecutivo está en un «momento de reflexión», constató la titular de Seguridad Social, Elma Saiz.
La presión explícita de Díaz fue secundada por los los dos grandes sindicatos del país. «La experiencia nos dice que este tipo de operaciones acaba con reducciones de plantilla», advirtió el secretario general de CC OO, Unai Sordo. «Es una malísima noticia para las pymes, para los autónomos y, por tanto, para la competencia financiera de nuestro país», remachó su homólogo en UGT, Pepe Álvarez.
El dictamen de Competencia adelantado en exclusiva por este periódico señala que BBVA no abandonará ninguno de los ocho municipios en los que sería el único banco. Tampoco cerrará en zonas donde solo compita con otra entidad y solo podrá clausurar sucursales si tiene dos oficinas en menos de 300 metros.
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