Pederastia y Cuelgamuros, tareas de León en España

El nuevo Papa, León XIV, se encuentra de esta manera un camino despejado en su futura relación con el Gobierno español, aunque también deberá lidiar con algunas controversias. La más importante, las indemnizaciones para las víctimas de la pederastia eclesial, pero también la concreción del acuerdo para resignificar el Valle de Cuelgamuros.

Durante su pontificado, Francisco ejerció de mediador entre el Gobierno y la Iglesia y se mostró favorable a los pagos a las víctimas de la pederastia («50.000 euros para cada una de ellas es una cifra muy baja», llegó a decir) frente a una actitud más ambigua de la Conferencia Episcopal, que no acepta el plan del Ejecutivo para resarcir a los afectados al considerarlo «un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado» realizado «sin ningún tipo de garantía jurídica».

En octubre de 2023, el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que estimó que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales de esta naturaleza en España, abrió una sima entre el Gobierno y la Iglesia. Con la base del documento de Gabilondo, el Ejecutivo pretende acordar un sistema de compensaciones a través de una comisión en la que participen la jerarquía eclesiástica, el Estado y las víctimas y que pueda decretar compensaciones obligatorias a cargo de la Iglesia. Mientras, los obispos han elaborado su propio Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos (Priva) que tratará de «verificar individualmente cada caso». El papel de Robert Prevost, como lo fue el de Bergoglio, será clave para calibrar las posibilidades de un acuerdo.

Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, ha aparecido puntualmente durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez como un punto de tensión entre el Ejecutivo y la Iglesia. Para acabar con las fricciones, el ministro Félix Bolaños y el secretario de Estado del Vaticano, el 'papable' en el último cónclave Pietro Parolin, alcanzaron en marzo un acuerdo para la resignificación del lugar, aunque los obispos y el Ejecutivo todavía mantienen discrepacias sobre qué hacer con un emplazamiento tan simbólico; la última vez, hace apenas dos meses. En marzo, el Ministerio de Vivienda anunció un concurso internacional de ideas para el complejo monumental que serán valoradas por un jurado «independiente» del que formarán parte profesionales «de reconocido prestigio» y también un miembro de la Iglesia; en concreto, el delegado de Liturgia del Arzobispado de Madrid, Daniel Alberto Escobar Portillo, la única concesión a la jerarquía católica.

La respuesta llegó desde la Archidiócesis de Madrid, que acusó al ministerio de «tomar una iniciativa sin resolver cuestiones previas que afectan al concurso que presentan y que deberían ser aclaradas con anterioridad». La Iglesia presiona para mantener la basílica donde se celebra la eucaristía y para la continuidad de la comunidad monástica benedictina, encargada del servicio litúrgico, la hospedería y la escolanía, aunque el Gobierno ya ha manifestado que no se opondrá a que los frailes sigan en el conjunto monumental. El nuevo Papa tendrá que dar las directrices para alcanzar un acuerdo definitivo.

En cambio, otras decisiones que podían haber abierto una brecha entre el Gobierno y la Iglesia sobre Cuelgamuros se resolvieron con acuerdos. En 2019, el Vaticano no se opuso al traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, como tampoco lo hizo con los de José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange, al cementerio madrileño de San Isidro desde la basílica del valle.

Hasta hace solo tres años, las inmatriculaciones de los bienes eclesiásticos fue un asunto de enorme controversia entre el Estado y la Iglesia. En 2022, el Gobierno y la Conferencia Episcopal cerraron un pacto sobre las inmatriculaciones, con una lista de bienes de la que se sacó unos mil (de un total de 35.000) que habían sido adjudicados a las parroquias de forma irregular. Otro gran acuerdo económico fue la eliminación de la exención para la Iglesia católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de ámbito municipal.

En marzo de 2023, el Gobierno y la Iglesia acordaron equiparar el régimen de este tributo de la Iglesia con el del resto de confesiones religiosas y entidades sin fines lucrativos, conforme al principio de no privilegio y no discriminación. Esa exención se aplicaba en cumplimiento del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, que reconocía la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio. La Iglesia aceptó el argumento del Ejecutivo: esto es, que cuando se firmó este acuerdo con la Santa Sede no existía el ICIO.

Con su frase «¿Quién soy yo para juzgar a un gay?», pronunciada en julio de 2013, Francisco envió un mensaje a los obispos de todo el mundo: la Iglesia no debía hacer una oposición política a los gobiernos progresistas, y la idea caló en la Conferencia Episcopal española. Por supuesto, la jerarquía eclesiástica ha levantado la voz contra las reformas del aborto, contra la Lomloe, que fue interpretada como un ataque a la educación concertada, o contra la ley de eutanasia, pero nada que ver con lo ocurrido unos pocos años antes, cuando Rouco Varela sacaba a miles de personas a las calles contra las leyes de José Luis Rodríguez Zapatero. El perfil de León XIV apunta a que estas discrepancias controladas seguirán siendo la tónica en los próximos años.