La niña violada por la red de pederastia reabre el debate sobre las fallas en los centros

Pese a ello, tuvieron que pasar muchos meses antes de que los educadores sociales actuasen, hallasen en su móvil imágenes de los abusos y diesen la voz de alarma que terminó en denuncia y detención. Solo tras el escándalo desatado este mes por la difusión del escrito fiscal, que pide 107 años de cárcel para el pederasta, la Generalitat ha abierto, casi cuatro años después, una investigación. El caso ha devuelto al primer plano el déficit en la gestión de los centros de menores, que en los últimos años han dejado un rosario de escándalos de niños y adolescentes víctimas de agresores sexuales, pederastas o redes de prostitución mientras eran custodiados o tutelados por las autonomías.

Los abusos sexuales que han trascendido, pese a la alarma social desatada, solo son, según los expertos, una pequeña muestra, la punta del iceberg, de una realidad que no aparece en las estadísticas públicas y que ocultaría centenares de casos solo en el último lustro. Una opacidad que trata de romper el Defensor del Pueblo con una investigación en la que ha reclamado datos concretos de menores agredidas y sobre el funcionamiento de los centros a todas las consejerías.

La ausencia de mecanismos eficaces de prevención de riesgos y de detección precoz de indicios por parte de educadores y administraciones que se observan en el caso catalán, pese a ser un mandato de la ley de protección de la infancia frente a la violencia desde 2021, ya se habían detectado antes, multiplicados, en provincias como Mallorca, Madrid, Gran Canaria, Valencia o Álava, entre otras.

En la capital balear, 16 menores residentes en pisos tutelados fueron explotadas durante el final de la década pasada por una red de prostitución que no salió a la luz hasta que una de las chicas, de 13 años, fue violada por una manada de seis hombres la Nochebuena de 2019.

El caso denota similar descontrol que el de la media docena de adolescentes bajo responsabilidad de las autoridades alavesas que se prostituían en 2016 a través de una web de citas o el de las chicas, muchas de centros tutelados, que por la misma época fueron captadas en Gran Canaria para prostituirlas.

Uno de los casos más sonados, por la trascendencia política, es el que le costó el cargo en 2022 a la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, cuyo exmarido, un educador social, fue condenado a cinco años de cárcel por agredir sexualmente a una interna de 14 años en el centro en el que trabajaba. El último gran escándalo fue la 'operación Sana' en Madrid, en 2022, con 25 procesados por montar una red de prostitución en calles, pisos y bares en la que explotaban a más de una decena de menores (al menos tres bajo tutela de las autoridades), a las que captaban tras engancharlas con el consumo de drogas.

La realidad de estos centros es distinta en cada comunidad, pero desvelan fisuras en su funcionamiento, que tienen que ver con plantillas escasas y saturadas, no siempre formadas en la detección precoz de abusos, sin el tiempo necesario para el trato personalizado, con servicios muchas veces privatizados y con una coordinación mejorable con otros departamentos clave, como los policiales, educativos o sanitarios.

El Ministerio de Infancia está cerca de aprobar un real decreto en el que fijará las condiciones mínimas que deberán introducir los 1.600 centros y pisos que acogen en España a unos 17.000 menores custodiados o tutelados por las administraciones. Estándares mínimos que tendrán que cumplir todas las autonomías y que serán inspeccionados de forma regular. Los resultados de los controles serán enviados al ministerio, que sancionará en caso de infracción.

El decreto fijará topes de residentes, baremos básicos de formación y de condiciones de trabajo y de funcionamiento, plantillas y tipos de personal, así como modelos de gestión y de organización. Las directrices buscan la «humanización» de los centros, con aforos reducidos y trato cercano y personalizado para que se parezcan lo máximo a un hogar.