El Gobierno y las comunidades del PP consuman su ruptura por el reparto de menores migrantes

Rostros serios entre todos los dirigentes políticos. La primera en pronunciarse ha sido Rego que ha acusado al PP de llevar a la Conferencia «al bloqueo» y de dejarse guiar por los mantras de Vox. «Hay una agenda ultra que está imperando y el vínculo- entre los de Feijóo y Abascal- está condicionando profundamente el trabajo y la búsqueda de una solución». También ha recriminado a los 'populares' su actitud cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, «cuando se acogieron a miles de niños», frente a la que mantienen ahora con los menores que se encuentran en Canarias. «La altura y la capacidad tiene que ser la misma», ha asegurado.

No obstante, tras no haber logrado avances este lunes, 5 de mayo, la ministra ha anunciado que desde mañana comienza un nuevo plazo de diez días para que todas las autonomías actualicen los datos del estado en el que se encuentran las comunidades y que aquellas que no los enviaron, como Aragón, o que lo hicieron de manera genérica, como Madrid, lo hagan. Una vez finalizado el plazo, Infancia comenzará a realizar los cálculos pertinentes, en baso a los criterios que figuran en el decreto ley, para determinar el número de menores, de los 4.000 que saldrán de Canarias y los 400 de Ceuta, irán a parar en cada territorio.

El enfado por parte de las comunidades gobernadas por el PP, más allá de considerar que se trata de una medida «aprobada por la puerta de atrás con un prófugo de la justicia», se debe a que, según han explicado los dirigentes 'populares', la ministra no ha permitido que se votara sobre el mecanismo de reparto de menores migrantes ante lo que consideran que habría sido una «derrota».

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha exigido, durante el encuentro, que el Gobierno «desarrolle una verdadera política migratoria» y ha denunciado lo que consideran una «imposición» que no se rige por «criterios objetivos» y que no cuenta con «planificación, financiación adecuada ni negociación con las autonomías». Unas palabras en línea con las expresadas por el Ejecutivo extremeño, así como otros territorios como Castilla y León, que también ha lamentado que el Gobierno central pretenda «disolver» el problema entre las comunidades autónomas, sin ofrecer «una solución estructural». Baleares, por su parte, ha tildado de «tomadura de pelo» la reunión y ha explicado que «a la hora de la votación, que era el punto del día, como en nuestras exposiciones hemos mostrado nuestra disconformidad con los criterios, se ha hecho un receso y se ha dicho que como no había unanimidad no se votaría».

Menos crítica ha sido la actitud del Gobierno vasco tras la reunión, que ha lamentado que no haya salido «ni una sola propuesta en positivo» y que lo único que haya habido es «un 'pim pam pum' entre dos partidos polítcos». También se ha mostrado decepcionado porque, según ha indicado, «todo el mundo podemos decir que sí a la isla de Canarias, que nos da mucha pena la isla de Canarias, pero luego realmente cuando hay que mojarse, cuando hay que poner propuestas», los únicos que han puesto propuestas han sido el lehendakari, Imanol Pradales o el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, «por lo cual no es verdad que no se conociesen las propuestas y los indicadores».