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Más allá de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Alfonso Domínguez ha abordado este martes otros temas de actualidad en La Rioja. El portavoz del Ejecutivo regional ha hablado, por ejemplo, de la planta de biogás de Hervías después de que el día previo el Ayuntamiento de la localidad aprobase por unanimidad la negativa a construir una planta de biometano en las proximidades del suelo urbano.
Preguntado por esta cuestión, Domínguez anunció una novedad: la existencia de dos informes «desfavorables» de la Consejería de Agricultura a la implantación de este proyecto. «Uno es de la Dirección General de Desarrollo Rural y otro de la Dirección General de Agricultura», especificó el portavoz del Gobierno de La Rioja, quien detalló igualmente los motivos de esa opinión negativa. «Son desfavorables por la incompatibilidad de este tipo de actuaciones de producción de energía a través de biogás o de biometano con el uso del suelo que tienen asignados los terrenos sobre los que se querían implantar, que son suelos de concentración parcelaria y suelos de secano de alto valor agrícola», explicó.
Esta novedad llega después de que la plataforma ciudadana Stop Biometano en Hervías leyera un comunicado en el pleno del Consistorio en que me manifestaba «su más firme oposición» al proyecto de instalación de dos plantas de biometano en el municipio. «Para garantizar el compromiso, les pedimos que se acuerde y vote formalmente nuestra petición y que se incluya el siguiente punto en el acta del pleno: 'El Ayuntamiento de Hervías se compromete a no autorizar el cambio de uso de suelo no urbanizable a industrial para las dos plantas de Biometano proyectadas ni para otras industrias contaminantes en el término municipal'», añadía el texto, que posteriormente obtuvo el voto favorable de todos los presentes.
Alfonso Domínguez detalló igualmente que estos informes desfavorables serán elevados a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Cotur). «Es el organismo que finalmente autoriza o desautoriza esa instalación en función de los informes de cada una de las consejerías», recordó el portavoz.
También Domínguez fue cuestionado por el archivo de la Fiscalía del caso de las mascarillas de Arneplant. Al respecto, el portavoz realizó, en primer término, un recorrido por todas las actuaciones realizadas en esta legislatura al respecto. «En este caso, lo que nos encontramos fue una auditoría, por un lado, y en segundo lugar un dictamen del Consejo Consultivo que nos indicaba la existencia de determinadas irregularidades en la gestión de este contrato», explicó. «Irregularidades que en un primer momento, y así lo sigue pareciendo actualmente, no son responsabilidad de la empresa sino que son internas de la Administración por una mala praxis, una mala gestión en la gestión de este contrato», apostilló.
Con ese expediente del Consejo Consultivo, el Gobierno realizó «una comunicación» a la Fiscalía al respecto. «Y reitero el matiz de que es una comunicación y no una denuncia para que se nos asesorara sobre si los hechos tenían algún tipo de incidencia penal», continuó. «Y la Fiscalía nos ha comunicado que no lo tiene», remató. Ante esto, Domínguez comentó que se seguirán analizando las posibilidades de actuación. «Sabiendo que tenemos muy pocas posibilidades de continuar actuando en este caso», certificó.
El otro tema que se abordó, más allá de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, fue el reparto de menores migrantes. Al respecto, Domínguez señaló que la postura del Gobierno de La Rioja «sigue siendo exactamente la misma» que antes de la Conferencia Sectorial de este lunes. «Seguimos diciendo que falta una política integral de contenido migratorio en el Gobierno de España y que este tiene que negociar con las comunidades autónomas para poder acoger a los menores con los máximos estándares de calidad, para acogerlos en condiciones de vida decentes y de una buena educación, así como con un buen tratamiento de servicios sociales y con un buen nivel de integración», enumeró.
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