
Secciones
Servicios
Destacamos
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga un supuesto fraude fiscal de más de 154 millones de euros en la tributación de IVA en ... el marco de una causa de hidrocarburos, conocida como 'operación Drake', decidió este lunes suspender el desarrollo de la vista hasta el próximo 30 de junio. Los magistrados, reunidos tras la presentación de las cuestiones previas del procedimiento, resolvieron aplazar el desarrollo de las sesiones porque el principal acusado, el empresario vizcaíno Alejandro Hamlyn, al frente de la sociedad Hafesa Energía, no ha acudido a la sede judicial por encontrarse en Dubái.
Entre la veintena de acusados figuran, además de Hamlyn -cuya defensa la ejerce el abogado José Antonio Choclán, conocido por llevar también a Víctor de Aldama en otra causa de fraude con gasolina-, un gallego llamado José Norberto Uzal. Se trata del director general de la citada mercantil y quien fuera alto cargo de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2013, bajo el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente del PP. Uzal fue en concreto director general de la Administración Local de la Xunta y concejal popular y, al igual que su entonces jefe, se enfrentan a penas que superan los 50 años de cárcel y multas millonarias.
Hamlyn viajó hace unas semanas a Dubái por motivos laborales con la autorización del juez instructor José Luis Calama y no se ha presentado este lunes en la primera sesión del juicio al no haber obtenido permiso para abandonar ese país, según su abogado. Está inmerso al parecer en un proceso por la vía civil por una presunta deuda "de 3.000 euros", según manifestó la fiscal del caso, que rechazó esta motivación de la defensa para aplazar el comienzo de la vista oral. Tampoco la consideró creíble la Abogacía del Estado.
Además de estar al frente de la «organización criminal» durante los años 2016 a 2019 -ambos inclusive-, la Fiscalía sitúa a Hamlyn en seis operaciones de fraude fiscal y en la dirección de la red de sociedades mercantiles creadas para lavar el dinero ilícito obtenido: más de 30 millones. El presidente del grupo Hafesa fue uno de los veinte detenidos el 4 de abril de 2019. En ese operativo policial se investigaron a 292 sociedades y a 150 personas físicas, analizando 1.085 cuentas bancarias y con el registro de 22 domicilios. También llevó a cabo la incautación de 61 vehículos de alta gama, dos barcos y se ha tramitado el bloqueo de 347 cuentas bancarias y 155 inmuebles.
El caso es que el comienzo del juicio de la 'operación Drake' coincide el mismo día que el diario El Confidencial ha desvelado un audio en el que presuntamente una persona ligadas al PSOE solicita a Hamlyn por videoconferencia información comprometedora del teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil Antonio Balas, que encabeza las pesquisas sobre los casos del entorno del presidente del Gobierno. La conversación de este encuentro habría sido grabada por el propio empresario, que está siendo defendido por el citado José Antonio Choclán.
Se trata del mismo abogado que tiene Víctor de Aldama, el "conseguidor" del 'caso Koldo' cuyas incriminaciones salpican al exministro José Luis Ábalos, al Gobierno y también al PSOE, y que mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción pese a que se desconoce el destino de más de 70 millones de euros que tendría escondidos en el extranjero en el marco de otro fraude millonario con hidrocarburos.
La vista oral contra la trama se había fijado inicialmente para septiembre de 2024, pero la detención en Guadalajara (México) en julio de 2024 del ex presidente del Real Murcia Club de Fútbol Raúl Moro (en prisión provisional tras ser entregado a España) volvió a retrasar el juicio.
Según el escrito de acusación, Alejandro Hamlyn, «valiéndose del apoyo del director general y a través del resto de encausados (...) ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles». De esta forma, los investigados habrían creado una red de compañías que carecían de estructura económica real, esto es, eran «cascarones vacíos» que operaban como «meros satélites de Hafesa Energía», con el único propósito de servir de instrumento para defraudar el correspondiente IVA de hidrocarburos.
Las cuotas defraudadas se habrían reintegrado en el circuito económico a través de un supuesto delito de blanqueo por 46,5 millones de euros. Los principales destinos de estas cantidades fueron la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y talones (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas.
Existe por ejemplo un movimiento de 1,3 millones de la mercantil Vecasur (Venta de Carburantes del Sur) al Real Murcia. Raúl Moro era el administrador de esta sociedad, que fue utilizada para vender grandes cantidades de gasolina que le proveía Hafesa Energía, bajando su precio por debajo del mercado para su comercialización masiva.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.