El acusado del atropello mortal en Haro se acoge a su derecho a no declarar

Justo antes de que el acusado entrara en la sala, los médicos forenses, Jorge González –en la actualidad es el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, entonces era el director del Instituto de Medicina Legal de La Rioja (IML)– y su sucesora en el cargo, Mercedes Martínez, han sido tajantes al afirmar que en el momento de los hechos el procesado tenía anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas. Una conclusión que extrajeron tras evaluar al encausado el 26 de octubre de 2023, siete semanas después del suceso.

«Hay tal distorsión de la realidad que tenía abolida su capacidad de entender lo que estaba pasando». Incluso cuando le examinaron, aún habiendo transcurrido casi dos meses y estando en tratamiento, «el brote psicótico permanecía inalterado, lo que da idea –han dicho– de la gravedad». Por entonces, seguía insistiendo en el mismo delirio, en la idea de una trama, de un complot de la Ertzaintza y del Gobierno, «que querían ir en contra de él».

Tal era el delirio que el procesado, según les relató durante la entrevista de evaluación, días antes del atropello se trasladó a Barcelona con un amigo. El propósito era contactar con un abogado y denunciar la persecución a la que creía que estaba siendo sometido por parte del Gobierno y de la Ertzaintza. «Lo que quería era defenderse», ha señalado Jorge González. No encontró al letrado, cambió de planes y decidió ir a la playa. Allí «veía a personas que se ponían cerca de él para hacerle fotografías, creía era la policía. De regreso decía que veía señalas en las que ponía que le iban a matar». El día del atropello «interpretó que las personas que había ahí eran policías que le querían matar e hizo maniobras con el vehículo para defenderse».

Los forenses han destacado la angustia que incluso siete semanas después sentía el procesado. Insistía en que se investigara el complot y también un perfil falso de Tinder que, según él, había creado la policía. «La afectación era completa y plena y abarcaba el contexto total de su vida», ha indicado González.

Cuando existe un delirio por el que la persona piensa que está siendo atacada, a la hora de tomar decisiones «las toma conforme a lo que cree que está ocurriendo, tiene el convencimiento firme de que está siendo atacada y reacciona con esa distorsión de la realidad», han detallado. «Su comprensión de lo que está ocurriendo está anulada completamente. Lo que él percibe se ajusta a su propia realidad, que es diferente a lo que realmente ocurre», han insistido.

A preguntas de las acusaciones acerca de si el atropello puso ser premeditado, Mercedes Martínez lo ha negado: «Su conducta fue impulsiva, no elaborada en días previos. Después del atropello se queda quieto, no se defiende, no pone excusas, es todo muy esquizofrénico».

El médico especialista en medicina legal y forense del IML de La Rioja, Julio Irigoyen, que acudió al levantamiento del cadáver, ha explicado que las lesiones principales del fallecido estaban en la cabeza. «Tenía múltiples fracturas que le provocaron la muerte de manera prácticamente instantánea. Fue una muerte violenta por un atropello de alta intensidad».

La Fiscalía pide la absolución del acusado al considerar la eximente completa de anomalía o alteración psíquica. No obstante, pide que se le imponga una medida de internamiento «para tratamiento médico en establecimiento adecuado con un plazo máximo de 25 años». Las acusaciones particulares reclaman hasta 75 años de cárcel.

En concreto, la acusación particular que representa a los padres y hermanos del fallecido, Manuel Montoya, de 32 años y vecino de Santurde, considera al acusado autor de un delito de homicidio consumado, por el que pide quince años de cárcel, y de cinco delitos de homicidio en grado de tentativa por los que reclama por cada uno siete años y medio de prisión.